También aquí.Con el título Terrorismo: ¿negociar o derrotar a ETA? Mikel Buesa continuó el pasado lunes 11 el ciclo de conferencias organizadas por UPyD en Ourense. Para Buesa, ETA ha seguido con todo éxito durante la negociación la consigna maoísta de “conservar sus propias fuerzas y desgastar las del adversario”, es decir, las del Estado.
El ponente, Catedrático de Economía de la Universidad Complutense y candidato por UPyD al Congreso, consideró durante su exposición la política antiterrorista durante la última legislatura y sus resultados. Comenzó por describir el estado de la lucha contra ETA antes de las elecciones generales de 2004. “En el segundo semestre de 2003 no hubo ningún atentado con resultado de muerte”, apuntó, lo cual no se debía a negociación alguna, sino a la incapacidad a la que se veían abocados los terroristas gracias a una gestión fundada en el pacto entonces existente entre el PSOE y el PP. Esta política se concretó en una mayor eficacia policial, en la colaboración internacional dentro de una coyuntura de sensibilización por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en las modificaciones penales que combatieron el terrorismo callejero y que condujeron a la declaración de la ilegalidad de Batasuna en 2002. Esta ilegalización supuso “el desplome de la adhesión política a ETA”, que se redujo de un 10 a apenas un 2 por ciento. “ETA se encontraba en el borde de su derrota”, afirmó Buesa.
Las razones de una negociación política
Pasó entonces a examinar la actitud del Gobierno de Zapatero respecto al terrorismo, orientada hacia la negociación desde su llegada al poder. Buesa propuso tres motivos hipotéticos que explicarían la adopción de esta nueva postura. La primera de ellas sería la influencia de intelectuales cercanos al Presidente como el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, autor de ETA contra el Estado, quien propone, basándose en principios de la teoría de juegos, la concesión de objetivos políticos a la banda terrorista como estrategia eficaz para el fin de la violencia. La concepción de este profesor “explica a Zapatero un terrorismo nacionalista que hasta entonces no sabía afrontar”, e influye notablemente a miembros prominentes del PSE como Jesús Eguiguren.
Pasó entonces a examinar la actitud del Gobierno de Zapatero respecto al terrorismo, orientada hacia la negociación desde su llegada al poder. Buesa propuso tres motivos hipotéticos que explicarían la adopción de esta nueva postura. La primera de ellas sería la influencia de intelectuales cercanos al Presidente como el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, autor de ETA contra el Estado, quien propone, basándose en principios de la teoría de juegos, la concesión de objetivos políticos a la banda terrorista como estrategia eficaz para el fin de la violencia. La concepción de este profesor “explica a Zapatero un terrorismo nacionalista que hasta entonces no sabía afrontar”, e influye notablemente a miembros prominentes del PSE como Jesús Eguiguren.
La segunda razón consistiría en la presión a la que el Presidente del Gobierno se vio sometido al gobernar en minoría. Sus pactos con grupos como PNV, EA, IU o ERC, para los que Batasuna y ETA ya se habían convertido en interlocutores, supusieron también “un aval” para la nueva política propuesta por Zapatero.
Por último, Buesa atribuyó al PSOE la convicción de que su acceso al poder en 2004 no fue completamente legítimo, lo que le llevaría a procurar tal legitimidad siguiendo un rumbo completamente dispar respecto de las políticas llevadas a cabo durante los gobiernos del PP.
Resultados de la negociación
El ponente realizó una valoración de los resultados de la negociación. A pesar de la declaración aprobada en mayo de 2005 permitiendo los contactos con ETA en ausencia de violencia, nunca se realizó una verificación pública de la renuncia a los métodos terroristas. Desde el comienzo de la negociación se han contabilizado 15 oleadas de cartas de extorsión, 800 actos de terrorismo callejero que han terminado con una víctima mortal, 37 heridos y siete millones de euros de pérdidas materiales; mayo de 2007 fue el mes de mayor violencia, provocando la renuncia de cargos electos de unos veinte ayuntamientos y permitiendo así el acceso de ANV a alcaldías para las que no había conseguido votos suficientes.
El ponente realizó una valoración de los resultados de la negociación. A pesar de la declaración aprobada en mayo de 2005 permitiendo los contactos con ETA en ausencia de violencia, nunca se realizó una verificación pública de la renuncia a los métodos terroristas. Desde el comienzo de la negociación se han contabilizado 15 oleadas de cartas de extorsión, 800 actos de terrorismo callejero que han terminado con una víctima mortal, 37 heridos y siete millones de euros de pérdidas materiales; mayo de 2007 fue el mes de mayor violencia, provocando la renuncia de cargos electos de unos veinte ayuntamientos y permitiendo así el acceso de ANV a alcaldías para las que no había conseguido votos suficientes.
Y es que mientras la violencia y la extorsión continuaban, el Gobierno seguía contactando con el mundo abertzale y concediendo, en el ámbito político, la presentación del PCTV a las elecciones autonómicas vascas —tras las cuales apoyó la investidura de Ibarretxe— y de ANV a las elecciones municipales, en las que consiguieron 44 alcaldías. Se estima que hasta siete millones se han desviado de las alcaldías para sostener el entramado terrorista.
En definitiva, “lejos de desaparecer la violencia, ésta siguió un ciclo ascendente” con el fin de desgastar al gobierno mientras la negociación continuaba. “Las organizaciones terroristas”, concluyó Buesa, “saben que no pueden vencer al Estado; lo que procuran es su desistimiento”.
Las víctimas del terrorismo
Mikel Buesa denunció también la ruptura de la homogeneidad de trato por parte de los fiscales —dependientes del Gobierno— hacia las víctimas del terrorismo. En esta legislatura, siempre a instancias de las fiscalías, se ha fijado la mayor indemnización por un atentado para un diputado socialista (tres millones de euros para Eduardo Madina, quien perdió una pierna en un atentado) mientras que en el juicio por los atentados de marzo de 2004 en Madrid las víctimas que sufrieron secuelas físicas de mayor gravedad han recibido un millón y medio de euros.
Mikel Buesa denunció también la ruptura de la homogeneidad de trato por parte de los fiscales —dependientes del Gobierno— hacia las víctimas del terrorismo. En esta legislatura, siempre a instancias de las fiscalías, se ha fijado la mayor indemnización por un atentado para un diputado socialista (tres millones de euros para Eduardo Madina, quien perdió una pierna en un atentado) mientras que en el juicio por los atentados de marzo de 2004 en Madrid las víctimas que sufrieron secuelas físicas de mayor gravedad han recibido un millón y medio de euros.
En conclusión, se ha deshecho la acción unitaria frente a ETA y se ha tratado de asuntos políticos con los terroristas (como la independencia del País Vasco o la anexión de Navarra a aquél). A nadie ha convencido la política del Gobierno, cuyos representantes ofrecen indicios recurrentes de su voluntad de retomar el proceso en el futuro y en parecidos términos.
A pesar de lo expuesto durante la conferencia, Buesa quiso cerrar su alocución con una nota esperanzadora: “ETA está bastante debilitada”.
