Al escuchar ayer en la radio las noticias de Castilla y León, me convencí de que la vida económica de la región está absorbida por estos tres motivos:
Adam Smith explicó que los empresarios, con el fin de solicitar protección pública, tienden a hacer pasar su propio interés como si fuera el interés público. En la sociedad de masas y de la opinión pública, este hábito se ha extendido a todos los agentes económicos en tanto sean tan numerosos que tengan suficiente capacidad de presión o de ejercer la violencia y la coacción impunemente. En consecuencia, no son empresarios mineros los que queman neumáticos y ponen barricadas en las autovías, ni es el presidente del Grupo Renault el que amenaza con las catastróficas consecuencias sociales y económicas que seguirían a la desaparición de FASA en Valladolid o Palencia; tampoco los grandes latifundistas son los que paralizan el tráfico con tractoradas. Por mucho que los capitalistas sean beneficiarios de esas protestas, son los trabajadores y los pequeños propietarios quienes las ejecutan con entusiasmo; quienes han logrado unas condiciones comparativamente ventajosas respecto de los trabajadores sobre cuyas espaldas recaen los impuestos efectivos, que cargan la producción de riqueza mediante actividades económicas viables. Se trata del clásico mecanismo, descrito por Milton Friedman, mediante el que un beneficio concentrado para unos pocos supone una carga casi inapreciable para la mayoría que lo tolera.
Cosa extraña, gran parte del público general apoya este tipo de medidas proteccionistas, y las defiende con apelaciones a la dureza del trabajo en la mina, al temor al colapso económico en una región determinada o a la importancia de que los pueblos sigan poblados por esos románticos crepusculares, los trabajadores del campo. Admiten al parecer sofismas económicos y métodos de presión con frecuencia inaceptables. Según creo, es el mismo público que protesta por la tarifa eléctrica y el escándalo continuado de las prejubilaciones; el mismo cuyo contacto con el agro se limita a los dos fines de semana anuales que pasa en una casa rural. El mismo, por cierto, que en su vida particular busca un equilibrio ventajoso entre calidad y precio, con toda lógica, sin preguntarse de dónde vienen los productos que adquiere en el bazar chino.
Naturalmente. En las relaciones económicas en que participamos por propia voluntad, sin que las decisiones estén distorsionadas por la intervención del poder público, el criterio fundamental es el de la eficiencia; es muy raro que se entre a juzgar la justicia —suponiendo que se pueda— de una transacción. El comportamiento económico que refrendamos a diario con nuestros actos no permite, sin contradicción, excluir de esa lógica a determinadas actividades y admitir así a costa de nuestro propio bienestar la formación de una casta protegida de trabajadores de grandes empresas, bancos o «sectores estratégicos». Por lo que sé, esa gravosa desigualdad no ha provocado de momento ninguna queja en firme.
Además de Smith y Friedman, muchos otros (Bastiat, Hazlitt) se han extendido largamente y con buen criterio contra este tipo de proteccionismo. Cualquiera que se proponga estatuir el privilegio de un determinado sector debería enfrentarse al menos una vez a esa obra maestra del panfleto que es Lo que se ve y lo que no se ve. De momento, señalemos cómo estas medidas contribuyen al estancamiento económico de Castilla y León al desencadenar lo que se conoce como tragedia de los comunes: los intereses individuales puestos en juego de manera que perjudican el interés colectivo y provocan una asignación ineficiente de los recursos generales —o los agotan—. Para quienes confiamos en los órdenes espontáneos, es un nuevo ejemplo de cómo las decisiones injustas nos conducen a la pobreza. ≈
— En el marco de las negociaciones de la plantilla de FASA Renault con la empresa, se solicita que, del mismo modo en que la Junta de Castilla y León y la Administración Central invirtieron a medias 500 millones de euros en el último plan industrial de la empresa, vuelvan a «comprometerse» de parecida manera «con el futuro de la empresa» en la región.
— Continúa la exigencia de que el carbón autóctono tenga ventajas frente al procedente del exterior con el fin de proteger los 1.500 puestos de trabajo de la minería, y que se considere ésta como un sector estratégico. Se solicita ahora, más concretamente, que se recargue con impuestos —¿aranceles?— el uso de carbón importado para la producción de energía eléctrica.
— El actual gobierno autonómico nos alerta sobre las consecuencias que tendría la irrupción de otros partidos políticos sobre algo tan sensible como la negociación de las ayudas recibidas en el marco de la Política Agraria Común europea.
Está claro: las tres noticias económicas más relevantes tratan sobre el uso de dinero público para mantener empresas y actividades cuya viabilidad está en entredicho. En otras palabras, sobre el aumento de las cargas a que están sometidos los ingresos.Adam Smith explicó que los empresarios, con el fin de solicitar protección pública, tienden a hacer pasar su propio interés como si fuera el interés público. En la sociedad de masas y de la opinión pública, este hábito se ha extendido a todos los agentes económicos en tanto sean tan numerosos que tengan suficiente capacidad de presión o de ejercer la violencia y la coacción impunemente. En consecuencia, no son empresarios mineros los que queman neumáticos y ponen barricadas en las autovías, ni es el presidente del Grupo Renault el que amenaza con las catastróficas consecuencias sociales y económicas que seguirían a la desaparición de FASA en Valladolid o Palencia; tampoco los grandes latifundistas son los que paralizan el tráfico con tractoradas. Por mucho que los capitalistas sean beneficiarios de esas protestas, son los trabajadores y los pequeños propietarios quienes las ejecutan con entusiasmo; quienes han logrado unas condiciones comparativamente ventajosas respecto de los trabajadores sobre cuyas espaldas recaen los impuestos efectivos, que cargan la producción de riqueza mediante actividades económicas viables. Se trata del clásico mecanismo, descrito por Milton Friedman, mediante el que un beneficio concentrado para unos pocos supone una carga casi inapreciable para la mayoría que lo tolera.
Cosa extraña, gran parte del público general apoya este tipo de medidas proteccionistas, y las defiende con apelaciones a la dureza del trabajo en la mina, al temor al colapso económico en una región determinada o a la importancia de que los pueblos sigan poblados por esos románticos crepusculares, los trabajadores del campo. Admiten al parecer sofismas económicos y métodos de presión con frecuencia inaceptables. Según creo, es el mismo público que protesta por la tarifa eléctrica y el escándalo continuado de las prejubilaciones; el mismo cuyo contacto con el agro se limita a los dos fines de semana anuales que pasa en una casa rural. El mismo, por cierto, que en su vida particular busca un equilibrio ventajoso entre calidad y precio, con toda lógica, sin preguntarse de dónde vienen los productos que adquiere en el bazar chino.
Naturalmente. En las relaciones económicas en que participamos por propia voluntad, sin que las decisiones estén distorsionadas por la intervención del poder público, el criterio fundamental es el de la eficiencia; es muy raro que se entre a juzgar la justicia —suponiendo que se pueda— de una transacción. El comportamiento económico que refrendamos a diario con nuestros actos no permite, sin contradicción, excluir de esa lógica a determinadas actividades y admitir así a costa de nuestro propio bienestar la formación de una casta protegida de trabajadores de grandes empresas, bancos o «sectores estratégicos». Por lo que sé, esa gravosa desigualdad no ha provocado de momento ninguna queja en firme.
Además de Smith y Friedman, muchos otros (Bastiat, Hazlitt) se han extendido largamente y con buen criterio contra este tipo de proteccionismo. Cualquiera que se proponga estatuir el privilegio de un determinado sector debería enfrentarse al menos una vez a esa obra maestra del panfleto que es Lo que se ve y lo que no se ve. De momento, señalemos cómo estas medidas contribuyen al estancamiento económico de Castilla y León al desencadenar lo que se conoce como tragedia de los comunes: los intereses individuales puestos en juego de manera que perjudican el interés colectivo y provocan una asignación ineficiente de los recursos generales —o los agotan—. Para quienes confiamos en los órdenes espontáneos, es un nuevo ejemplo de cómo las decisiones injustas nos conducen a la pobreza. ≈
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