Para la dignidad

Si me preguntaran cuál de las noticias de hoy me parece más trascendental, si las reacciones instantáneas acerca de las últimas medidas judiciales contra ETA o la fusión entre Arcelor y Mittal, seguramente me decidiría por esta última. Sin embargo, nada hay tan modestamente humano como fijarnos más no en lo más importante, sino en aquello sobre lo que podamos intervenir con alguna certidumbre de que vaya a servir para algo, aunque sea definir nuestro estado de ánimo.

Que no sea lo más importante no quiere decir que sea inocente ni trivial. Las notorias y a veces desquiciadas reacciones de partidos, estamentos y grupos de toda laya acerca de los acontecimientos que afectan al proceso de paz vienen a indicarnos una de dos: que en la negociación con ETA nos van muchas cosas importantes; o que acabarán por irnos muchas cosas importantes a fuerza de sobreactuar.

Sin afán de entrar en detalles, voy a mirar dónde se encuentra cada uno de los actores en este momento.

El Gobierno, bajo el ahora afianzadísimo liderazgo de Zapatero, lleva anunciando extraoficialmente el próximo inicio de las conversaciones con los terroristas desde hace unas semanas; aunque, eso sí, en el Congreso sólo lo anunciará de pasada y sin debate. Exige a todos los demás partidos que confíen en su iniciativa, vale decir, que callen y contemplen los resultados de las negociaciones. El Presidente, en cada ocasión que se le presenta, hace votos por el consenso con el PP, aunque aún no consta esfuerzo alguno para reanudar los contactos con el principal partido de la oposición.

El Partido Popular, después de la curiosa impresión de derrota cosechada en el Debate sobre el Estado de la Nación, sintiéndose traicionado por los anuncios efectuados por Patxi López (que se va a reunir con Batasuna) y por el propio Zapatero, está esperando sentado a que el Gobierno haga alguna aproximación para manifestarse. Sentado, pero no callado: proclama no ya su desconfianza, sino su oposición en los más tronantes términos morales. Negociar en estas condiciones constituye una derrota. ¿No será cierto entonces que el Gobierno quiere pagar el precio político?

El poder judicial está especialmente divertido. Mientras los jueces de la Audiencia Nacional siguen sus procesos como si nada estuviera sucediendo, los fiscales, bajo el mandato del servicial (observad esta exacta descripción que une mando y obediencia) Conde Pumpido, se esfuerzan en modular las exigencias de aquéllos, con lo cual las medidas solicitadas por los fiscales acostumbran a ser sobrepasadas por los presidentes de las salas. Casi nada.

Y por fin nuestros distinguidos amigos, los chicos de la gasolina, las bombas, los secuestros, las extorsiones y los zutabes. El alto el fuego, para ellos, no alcanza a suspender los pagos del impuesto revolucionario ni a dejar de emplear los cócteles molotov como sólidos argumentos. No han variado un ápice su discurso, y responsabilizan como es su costumbre a todo el Estado por un posible retorno de ETA a la violencia. Convencidos como están de que en España la separación de poderes no es real (y acaso estén en lo cierto) o no debería serlo, encajan sus últimos disgustillos con los tribunales en el apartado del «debe» gubernamental. No hay más que verlos en las vistas públicas, con qué cortesía se portan y qué gravedad en el continente; casi se diría que no se han dedicado a matar a sangre fría a seres humanos.

Como ejemplo máximo del enrarecimiento del ambiente tenemos la extraña actitud de un medio de comunicación como El País. No pretendo hacer análisis tan agudos de sus artículos como los de Arcadi Espada, el hijo descarriado de la calle Miguel Yuste, pero comentaré alguna cosilla de las mías. En el suplemento dominical del 11 de junio pasado, el juez Fernando Grande-Marlaska era Rey por un Día con entrevista de Rosa Montero y todo. Tesonero e inteligente, justiciero y vasco, homosexual y al fin casado; por si fuera poco, atractivo y con dos botones de la camisa desabrochados. En fin, una joya del antiterrorismo patrio… hasta que diez días después actuó contra la red de extorsión de ETA. Al día siguiente de las detenciones, Ernesto Ekaizer pensaba que éstas probablemente se debían al ya cercano agotamiento de la sustitución que cumple, por el regreso de Garzón a su sala en la Audiencia Nacional. Más aún, en su editorial de ayer, el Periódico de Referencia del Estado Plurinacional le dedicaba estas líneas:

«(…) sin desmerecer para nada la sacrificada y tantas veces incomprendida labor de los jueces, éstos deben actual siempre con prudencia y conscientes de la realidad social»

Acaso esté forzando indebidamente el argumento del editorialista; pero ¿debo entender que hay actuaciones judiciales que son tenidas por inconvenientes? ¿Que hay que detener la acción de la justicia con el fin de que quienes deben dejar de matar no empiecen de nuevo a hacerlo? Tal como yo lo entiendo, una política judicial y penitenciaria generosa con los terroristas consiste en eliminar las rigurosas cláusulas de cumplimiento de las condenas que se les vienen aplicando a condición que haya un compromiso en contra de la violencia. Pero la aproximación de los presos a sus domicilios o la administración en ciertos casos de terceros grados no tienen nada que ver con que a los que han delinquido se les permita ir de rositas… No pretendo imponer el fiat iustitia et pereat mundus, pero la existencia de una negociación, por importante que sea, no puede significar que los delitos detectados no comporten penas. ¡Caray, se quiere dejar pasar a quienes extorsionan a los empresarios y a la vez nos quieren enchironar por cometer una infracción de tráfico! ¡Qué sentido de la proporcionalidad!

Parecido desconcierto y parecidas razones nos aportan el PNV y el PSE. Patxi López ahora tacha de «elucubraciones» a la investigación de una posible filtración por parte de agentes de la ley al entorno etarra, de manera que algunos habrían podido eludir la acción de la justicia. Yo preguntaría a Patxi: ¿y usted cómo sabe que son simples elucubraciones? En cuanto a la imputación de un alto cargo del PNV en la trama de extorsión (nada sorprendente si pensamos en el partido encargado de recoger las famosas nueces), los nacionalistas se han apresurado a hablar de «traca final» de Grande-Marlaska. En fin, que los argumentos jurídicos son combatidos con ataques personales o, en el mejor de los casos, con llamadas a la sensibilidad ante la nueva realidad social. Sólo falta que le llamen maricón: a todo llegaremos.

Mientras tanto, Zapatero, que se esfuerza en hacer ostentación del mando en la negociación, muestra una enorme distancia entre lo que dice y lo que hace. Ya me he referido a sus proclamados y no realizados esfuerzos por incorporar al PP a su consenso. Pues el otro día Rajoy le hizo en el Congreso una pregunta muy directa. ¿Qué hay de cierto en lo que ETA afirma de que hay compromisos adquiridos por el Gobierno?

«Mire usted, señor Rajoy, le voy a responder categóricamente puesto que entiendo que en esta fase del proceso que estamos viviendo todos los ciudadanos deben tener bien clara cuál es la postura del Gobierno que les representa. No hemos adquirido ni vamos a adquirir ningún compromiso con ETA ni con Batasuna porque estamos decididos a no poner precio político al fin de la violencia. Y, dicho esto, le ruego que en lo sucesivo haga uso de su sentido de la responsabilidad para que no interpele a este Gobierno cada vez que ETA haga afirmaciones o insinuaciones que sólo vienen a dificultar el necesario consenso y la confianza que debemos mantener todos los demócratas y que yo me comprometo a perseguir y blablablá…»

Esto es lo que debería, o podría, haber contestado el Presidente del Gobierno. Sin embargo, eludió la pregunta e hizo una llamada al sosiego, llamada que obra en mí una virtud contraria a la pretendida: la respuesta de Zapatero a mí me estremece.

Porque, en el fondo, la discusión palpitante no se refiere estrictamente al fin de la violencia, sino otra que interviene aparentemente en un sentido algo marginal, pero que es de una importancia radical. ¿Está este gobierno dispuesto a lograr con ETA un pacto que deje insatisfechos a unos diez millones de españoles? Y esta pregunta no deberíamos hacerla sólo los escépticos, sino también los partidarios del actual diálogo, si tienen buena voluntad y se dan cuenta de que el país no es sólo de quienes gobiernan y de sus simpatizantes.

Es posible que el Partido Popular esté demasiado encastillado en sus posiciones, pero el Gobierno debería esforzarse en serio, y antes que nada, por integrarlo en el consenso. Este esfuerzo todavía no se está dando. Y, recordemos, la capacidad de iniciativa gubernamental invocada constantemente por el propio Gobierno, el PSOE y el Grupo Prisa no debe ser usada sólo para tratar con los terroristas, sino también, ¡y sobre todo!, para construir un acuerdo perdurable sobre un asunto tan importante. El malestar expresado en la pasada manifestación de la AVT, el PP y la Cope acaso es minoritario (en cualquier caso es abundante), pero es real, y cuesta creer que una política de estado como es la antiterrorista se efectúe haciendo oídos sordos a ese descontento. Y debo insistir en lo de siempre: el responsable de un asesinato es quien aprieta el gatillo, no quien se niega a negociar con él; por eso debemos más atención y consideración a este último.

La amenaza de volver a las andadas también es violencia. La «verificación» debería tenerlo en cuenta, como los cócteles molotov o la persistencia de las extorsiones. Y, sobre todo, la paz en el País Vasco no puede ser la paz de Zapatero. Todos hemos sufrido, y mucho, por culpa de ETA y de las barbaridades que directa e indirectamente han provocado. Todos hemos padecido una vida pública contaminada y a menudo estupidizada por el terrorismo. Todos nos podemos sentir culpables por el GAL, que más que un crimen de estado es una patología de estado. Todos agonizamos y protestamos cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Y si las desdichas de una sociedad en su conjunto no cuentan, siempre se puede atender a una víctima nada sectaria como es Fernando Savater, quien en su último artículo pedía al Presidente que no tuviera tanta prisa, porque más importante que la paz es una paz sin amenazas y en libertad: una paz en condiciones, vaya. La necesidad de encarecer el papel de la dignidad es el reactivo de los ciudadanos ante los peligros de un proceso de paz que, de efectuarse imprudentemente, puede terminar en una democracia degradada; no es una mera satisfacción de la que podamos prescindir. Además, cuando por fin tenemos la sensación de estar ganando después de tantas penalidades…